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ESPECIAL SERVICIOS PÚBLICOS

"O COMEMOS, O PAGAMOS"
Los desconectados de los servicio básicos

Medellín / Antoquia / Octubre 2007

Parece una exageración lo que afirman muchos de los habitantes de Medellín, pero no lo es tanto, si la factura del agua y la energía puede suponer de media el 25 o el 30% de los ingresos de una familia. "O comemos, o pagamos", ya se ha convertido en un lema por la defensa de un derecho fundamental.

Tampoco parece extraño si volamos a Madrid (España) y nos cuentan que el metro cúbico de agua, incluido saneamiento, vale unos 2000 pesos en 2007 y en Medellín sobrepasa los 2200 pesos para los habitantes de estrato 3. Con la energía pasa algo parecido, el precio del kwh (kilowatio por hora) de media en la Unión Europea en 2006 era de 4000 pesos sólo el doble de lo que tienen que pagar los habitantes de Medellín, sin incluir los subsidios. Estas diferencias se dramatizan si incluimos dos factores más; el primero que España tiene una renta per cápita nueve veces superior a la colombiana y, el segundo, que la riqueza en Europa está mucho más distribuida, en comparación a la extrema concentración en pocas familias de la mayor parte del capital colombiano.

 

La situación empeora más si los que tiene que pagar esos precios son desplazados forzosos a las grandes ciudades, ya sea por el conflicto interno o por los intereses particulares de algunos empresarios del sector agropecuario del campo colombiano. Esos desplazados, unos tres millones en todo el país, llegan a los ciudades con lo puesto, sin trabajo, montan su cambuche en cualquier lado y por supuesto la única solución es “robar la energía pa chuparla hasta que nos descubran y otra vez a empezar” comenta un desplazado del Oriente de Antioquia que es, irónicamente, la región que produce el 35% de la energía colombiana. Por eso, cada cierto tiempo aparece, en la prensa local de cualquier ciudad colombiana, la noticia de un desgraciado muerto electrocutado, quizá incluyendo la foto del cadáver todavía colgando de los cables, para ejemplo y escarnio de aquellos que se atrevan a robar la energía.

La gran mayoría de estas personas desconectadas de los servicios públicos se encuentran en las clases sociales más bajas, muchas de ellas ubicadas en la periferia de la ciudad donde se agudizan las condiciones de subsistencia. La desconexión también afecta a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas enfermas y los deja muchas veces en situación de total desprotección.

El investigador antioqueño Pablo Emilio Angarita lo resume así: “El conflicto urbano es también un señor que muere por conectarse y acceder a los beneficios de la naturaleza y el desarrollo; quitarle el carácter público a las empresas públicas; mercantilizar los derechos, concentrarlos y monopolizarlos; es la situación de varias familias que deben cocinar con leña y alumbrar con velas en la ciudad que se siente orgullosa de su alumbrado navideño”.

Además de la cantidad de problemas sanitarios que provoca la desconexión del agua, las dificultades de la educación en un hogar sin luz, o las tragedias como la acaecida recientemente con la muerte de dos niñas por un incendio provocado por las velas, hay que sumar otros componentes mucho más sutiles, como el hecho que en muchas familias existe un sentimiento de vergüenza social por ni siquiera poder pagar lo mínimo para tener las necesidades básicas cubiertas.

Las Empresas Públicas de Medellín son las encargadas de suministrar estos servicios básicos a la población. No es una empresa pequeña, y se supone que es una empresa pública, suministrar esos servicios a los sectores menos favorecidos no debería ser un gran esfuerzo económico ya que sus beneficios netos en 2006 después de impuestos superaron los 986.000 millones de pesos, unos 350 millones de euros. Bastante, igual que bastante es el número de familias desconectadas en Medellín, unas 60.000 de la energía, y 55.000 de agua. Ahora estas cifras están bajando ya que la empresa está promocionando los contadores prepago, lo mismo que en la telefonía celular, si tienes mil pesos, compras una tarjeta y esa noche comes caliente. Magnífica estrategia, ya que además esa familia desaparece de las estadísticas de desconectados pues la conexión nunca la cortan, se la corta uno mismo por no poder comprar una nueva tarjeta.

 

 

A este respecto la Constitución Política colombiana es muy clara. El artículo 366, del capitulo 5, estipula que “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable…” y “finalidad social del Estado y de los servicios públicos: llegar con mayor proporción de Servicios Públicos Domiciliarios a los estratos más pobres de la sociedad”. Como suele pasar en Colombia, una legislación avanzada, pero que no se cumple.

En definitiva, la pobreza niega a la población el acceso a derechos fundamentales como el agua y la luz, lo cual contribuye a su vez a que se haga cada vez más grande la brecha de desigualdad.

Continúa en: Parte II. Ancianos y enfermos, desconectados. 5 casos de Medellín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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