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RECUPERACIÓN DE TIERRAS EN EL DESIERTO VERDE DE URAPALMA

Curvaradó / Cármen del Darién/ Chocó / Febrero 2007


Un núcleo familiar afro-colombiano volvió a su tierra, invadida de palma africana, tras 10 años de desplazamiento forzado en el medio Atrato colombiano. Aprovechando la presencia de algunos participantes en el Tribunal Permanente de los Pueblos se procedió a la colocación de los carteles que delimitan la finca familiar, que a partir de ahora se conocerá con el nombre de Zona de Biodiversidad de Cetino. Ya son varias las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó acompañadas por organizaciones nacionales e internacionales.


 


 


“La tierra en la que crece la palma está abonada por la sangre de nuestros familiares y amigos” repiten los campesinos. Después de la Operación Génesis unos pocos vendieron su tierra bajo amenazas, pero nunca les pagaron todo; “Llegaban con sacos repletos de billetes… yo temblaba como bailaor de cumbia” y añade el colono cordobés “uno sabía que tenía que vender, o irse, o morirse”. Se sospecha que muchos de los negocios de monocultivos se utilizan también para lavar los dineros obtenidos del narcotráfico.

 


Otros jamás vendieron, pero sus tierras están sembradas de palma y están registradas como adquiridas por las palmeras. Incluso el nombre y la firma de una persona aparecen en un acto de compraventa aparentemente legal, sólo que el vendedor había muerto hacía ya unos años…

En otro emotivo acto se procedió a la recuperación del cementerio “El Muñeco” de la comunidad de Andalucía. En su lado izquierdo, varias matas de palma africana de más de 5 metros de altura ocupaban el lugar de las tumbas.


 

La principal empresa de la zona es Urapalma SA, y también ha sido acusada ante el TPP. Reproducimos lo que el tribunal concluyó sobre la acusación a esta empresa.

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A la empresa URAPALMA S.A, se le acusó de haber actuado en conjunto con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal d epalma entre 4000 y 7000 hectáreas de tierra con una proyección a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas; operaciones que fueron posibles gracias a la comisión e impunidad de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos, 14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria, 4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada “desmovilización” que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control sobre la población. Se acusa a la empresa de haber propiciado la violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar la propiedad a favor de sus intereses a través de mecanismos como: celebración de contratos de usufructo, compraventas de mejoras a propietarios, suscripción de falsas actas de compromiso para el aprovechamiento, la conformación de asociaciones campesinas de fachada, el desarrollo de figuras como las llamadas Alianzas Estratégicas para la consecución de recursos de fomento público, la falsificación de documentos públicos y privados, la alteración de resoluciones de adjudicación de baldíos y la figura de la accesión, entre otros.
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