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LAS VÍCTIMAS DE CRÍMENES POLÍTICOS,
PROTAGONISTAS DE LA SEMANA DE DERECHOS HUMANOS.

Medellín / Antioquia / Septiembre 2006

Por todo el país se celebró la semana por la paz y los derechos Humanos. Estas imágenes corresponden a la V Jornada por los DDHH y contra la Impunidad organizada por el Comité de Derechos Humanos Semillas de Libertad en la ciudad de Medellín. El texto es un extracto de la declaración final del III Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado celebrado en Junio en Bogotá.


 

(...) Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03,  han servido para  el otorgamiento de indultos y amnistías al  93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y  mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional.


 

 
 

Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de  las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.

 
 

Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más , dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos.



El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público. (...)

Bogotá, 9 de julio de 2006

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